En la presentación, realizada la víspera del Día de la Justicia Gratuita (12 de julio), participaron la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega; el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo, Antonio Morán; Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia.

Un 5,8% más de inversión

La inversión en Justicia Gratuita por parte de las administraciones públicas aumentó un 5,8%, superando los 314,1 millones de euros, la cifra más alta destinada a este servicio. En 2022, la inversión pública fue de 296,8 millones.

La inversión por ciudadano fue de 6,56 euros, ligeramente superior a los 6,25 del año anterior. El coste medio por expediente fue de 151,37 euros, superando los 148 de 2022, pero aún por debajo de los 153 de 2020. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita sigue siendo una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial.

Del total de la inversión, el 65,7% se destinó al turno de oficio, el 21% a asistencia letrada, el 4,6% a violencia de género y el 8,7% a gastos de infraestructura.

Aumentan los asuntos de violencia de género

El mayor aumento de asuntos se produjo en violencia de género, con un incremento del 15,9% respecto al año anterior, alcanzando los 81.397. La asistencia letrada al detenido aumentó un 10%, con un total de 767.879 asuntos. Los asuntos del turno de oficio disminuyeron ligeramente, un 0,8%, sumando un total de 1.222.422 asuntos, de los cuales el 56% eran penales. Por jurisdicciones, en lo social hubo un aumento del 6%, mientras que en lo civil disminuyeron un 11%. En lo penal, los asuntos aumentaron un 2%.

Cataluña, la comunidad con mayor número de asuntos

En 2023, Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor número de asuntos, con 430.124 (un 5,4% más), seguida por Andalucía, con 416.522 (un 1% menos que en 2022).

Canarias registró el mayor aumento con casi 118.000 asuntos, un 15,7% más, debido en gran medida a la crisis migratoria y las llegadas récord de migrantes. Cantabria registró el mayor descenso, un 21% menos, debido al impacto en los juzgados de las huelgas de funcionarios judiciales.

Casi uno de cada tres abogados, inscrito en el Turno de Oficio

En 2023, continuó la disminución en el número de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio: fueron 40.748, frente a los 42.198 de 2022 (un 4% menos). De estos, el 51% son hombres y el 49% mujeres, mientras que en extranjería y violencia de género, ellas representan el 53%.

A pesar del elevado número de asuntos, solo se registraron 5.012 quejas, un 12% menos que el año anterior. De estas, se archivaron 3.247 y hubo 299 expedientes que terminaron con sanción a los letrados, un 19% menos que el año anterior. Estas cifras representan casi un tercio de los 148.941 abogados y abogadas ejercientes en España.

Los usuarios, muy satisfechos con el servicio

El índice de satisfacción con el servicio se mantiene muy alto: el 89% de los usuarios tiene una opinión positiva de la atención recibida en la tramitación de la asistencia y el 82% quedó satisfecho con el asesoramiento legal recibido, según la “Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España” elaborada por Metroscopia para este Observatorio. Sin embargo, revela que todavía hay un 17% de la población general que desconoce la existencia de este servicio.

Los expertos recomiendan una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

El comité de expertos recomienda para esta edición del Observatorio la aprobación de una nueva norma para sustituir a la actual, que desde su aprobación en 1996 se ha quedado desfasada. Esta nueva ley debería establecer criterios razonables y equitativos para el reconocimiento de la justicia gratuita. También destacan la necesidad de garantizar siempre este derecho a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, de marginalidad o en riesgo de exclusión, como personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, presos y menores en centros de internamiento, y mujeres víctimas de violencia de género, que con frecuencia sufren violencia económica. Además, se deberían mejorar las condiciones en las que los abogados prestan este servicio, actualizando la compensación económica que perciben e incluyendo todas las actuaciones que realizan por imperativo legal.