La reforma operada en el año 2013 de la legislación de arrendamientos urbanos tuvo como finalidad dinamizar el mercado de alquiler de vivienda. Transcurridos 5 años desde la reforma, coinciden los expertos en que, lejos de alcanzar el objetivo de incrementar la oferta arrendaticia de vivienda, lo que se ha producido es una precarización del mercado del alquiler, que no garantiza la eficacia del derecho a la vivienda.

Las opiniones más expertas llevan años insistiendo en la necesidad de reformar determinados aspectos de la actual regulación, e incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha instado recientemente a España a que reforme la normativa relativa a arrendamientos urbanos, para reforzar la protección al arrendatario de una vivienda.

En las últimas semanas han entado en el Congreso de los Diputados dos Proposiciones de Ley, una del Partido Socialista Obrero Español y otra de «Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea» que plantean sendas reformas de la LAU. En opinión de Alejandro Fuentes-Lojo Rius, abogado y Diputado de la Junta de Gobierno del ICAB «las propuestas de ley presentadas hasta la fecha son un buen punto de partida y muestran la predisposición de los partidos políticos a combatir esta acuciante problemática económico-social en España, pero son insuficientes y en algunos aspectos inadecuadas».

En el centro del debate, fundamentalmente dos cuestiones: la duración del contrato, coincidiéndose en la insuficiencia del actual plazo de duración legal mínimo de los tres años, y la necesidad o no de exigir la inscripción en el Registro de la Propiedad del contrato de arrendamiento de vivienda.

Alejandro Fuentes-Lojo analiza en su trabajo «Medidas legales para una reforma de la Ley Arrendamientos Urbanos», publicado en el número 4/2018 de Actualidad Civil , el contenido de ambas proposiciones así como las reformas que considera imprescindibles para adecuar el actual marco legislativo a la realidad social.